Las personas homosexuales y con discapacidad son las más discriminadas en México, de acuerdo con las quejas presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en el último año.
Ricardo Bucio, presidente de este consejo, dice que es necesario sancionar la discriminación, ya sea por la vía administrativa o penal, debido a que los actos de exclusión no se combaten por mera convicción.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que la indignación y los actos de defensa de quienes se sienten discriminados crecen en el país, pues de mantenerse la tendencia al alza, al terminar 2012 las quejas podrían duplicarse, al pasar de 1093 expedientes a alrededor de 2 mil.
Según las estadísticas, 28% de las quejas y reclamaciones son presentadas por personas homosexuales y con discapacidad por actos cotidianos que se cometen en contra de su dignidad y de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y de salud.
El titular del Conapred considera que ambos grupos padecen cada vez más actos de discriminación, en la medida en que se legisla sobre sus derechos, como el de permitirle a una pareja homosexual adoptar.
Consideró que hay avances en este sentido, en la medida que la mayor parte de la población manifiesta que, aunque se esté o no de acuerdo, no encuentra razonable que se les niegue la posibilidad de la adopción, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación.
Dijo que en el caso de los homosexuales, la discriminación ocurre más en el estrato socioeconómico bajo y con menor nivel de escolaridad, donde, además de ser rechazados y estigmatizados, se les niega su derecho a oportunidades: “No sucede así en el estrato medio alto o alto, donde son señalados y no son aceptados, pero no sufren falta de oportunidades”.
De hecho, comentó que a menor nivel socioeconómico y educativo, más se justifica la discriminación. “Sucede igual que con la violencia: quienes más la padecen, tienden más a reproducirla”, aseguró.
“También ocurre —agregó Bucio— que las personas homosexuales, y en general de la comunidad LGTB (lésbico, gay, transexual y bisexual) suelen sufrir una discriminación generacional, pues la exclusión la ejercen, en mayor parte, los mayores de 60 años”.
Las estadísticas de quejas y reclamaciones indican que entre 2004 —cuando se creó el Conapred— y 2009 el número de expedientes no tuvo variaciones, pero a partir de 2010 comenzó un aumento.
En 2010 se presentaron 992 quejas y reclamaciones; en 2011, mil 093, y hasta el 29 de febrero pasado había 254 expedientes. “De continuar la tendencia estaríamos llegando al final del año a 2 mil quejas; esto es buen signo porque quiere decir que hay más indignación y acciones de defensa”, dijo el titular del Conapred.
Las preferencias sexuales (152) ocupan el primer motivo de queja ante el Consejo, seguidas de la discapacidad (151), las condiciones de salud (142), el género (95), la apariencia física (84), el embarazo (77), la condición social (29), el ser extranjero (19), el ser indígena (18) y por emitir opiniones distintas (8).
Las denuncias por condiciones de salud se refieren a actos que niegan el acceso, ascenso y permanencia al empleo por tener Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) u otra enfermedad, o porque se les limita la atención médica.
Bucio explicó que los actos discriminatorios pueden ser razonados o no: “La negativa a recibir a los niños con discapacidad en las escuelas, cosa que sucede todos los días, tiene una justificación para las personas que lo hacen, pero lo hacen mediante opiniones basadas en actos de estigma, desconocimiento e ilegalidad”.
En cambio, dijo, la discriminación contra los indígenas ni siquiera se razona, “simplemente se da por hecho, como una situación dada”.
Al Conapred llegan casos como el de una niña que era víctima de burlas en su escuela por peinarse con dos coletas; el de una persona ciega a quien se le negó el acceso a una tienda de autoservicio por usar perro guía; el de una mamá soltera a quien se le impidió asistir a la ceremonia del Día del Padre en la escuela de sus hijos; el de una mujer dedicada a la prostitución y de ascendencia china, pero de nacionalidad mexicana, que fue golpeada con brutalidad por su compañera debido a su apariencia física.
También hay casos como el de un niño al que se negó su permanencia en la escuela por tener diabetes; el de tres mujeres a las que se les impidió el acceso a un club deportivo porque eran obesas, y el de un empleado homosexual de una óptica a quien se le exigió aplicarse una prueba de VIH.
Hay casos de doble discriminación, como el de un joven con Síndrome de Down y enfermo de influenza AH1N1 que no recibió la debida atención en un centro de salud y se le impidió ser cuidado por familiares.
Otros expedientes han sido polémicos, como la queja que inició el Conapred —en agosto de 2010— por comentarios discriminatorios del entonces arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien externó su rechazo a que las parejas de personas con distinta preferencia sexual pudieran adoptar, al cuestionar a los feligreses en una misa: “¿A ustedes les gustaría que los adoptara una pareja de maricones?”.
Hace 10 años se incorporó el derecho a la no discriminación en el artículo 1 Constitucional, que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
